La jurisprudencia ha proclamado que el día inicial para el ejercicio de la acción ( art. 1969 CC) es aquel en que puede ejercitarse según el principio actio nondum nata non praescribitur [la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir] ( sentencias 340/2010, de 24 de mayo; 896/2011, de 12 de diciembre; 535/2012, de 13 de septiembre; 480/2013, de 19 de julio; 6/2015, de 13 de enero; 279/2020, de 10 de junio; 326/2020, de 22 de junio y 92/2021, de 22 de febrero).
junio).
En el caso presente, no nos encontramos ante una acción de responsabilidad civil contra el autor del daño, sino derivada de un contrato de seguro en que, para determinar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción, debemos partir del propio clausulado contractual y, por lo tanto, de la forma en que se definió el riesgo objeto de cobertura del que nacía el derecho del asegurado.
En congruencia con lo expuesto, no tiene sentido que la compañía recurrida dé valor a la resolución administrati

Desde la sentencia firme del pleno del Tribunal Supremo de 11 de Septiembre de 2006, que es continuamente invocada por las posteriores dictadas en la materia, así como por la recaída en primera instancia y la ahora recurrida, la misma Sección Primera del Tribunal Supremo sostiene el criterio de que las cláusulas generales del tipo de la expuesta, que limita la cobertura de la lluvia y el viento a determinadas condiciones establecidas en las condiciones generales, tras la cobertura inicial de cubrir los daños ocasionados por fenómenos atmosféricos en las condiciones particulares, son cláusulas limitativas de los derechos del asegurado, y por tanto deben cumplirse los requisitos expuestos en el artículo 3 de la Ley de
Contrato de Seguro, es decir, ser expresamente aceptadas por escrito por el tomador de la póliza, siendo ésta la doctrina que interesa sea determinada por el Tribunal Supremo, casando la sentencia recurrida.

Aun cuando no se hallase vigente, al desarrollarse los presentes hechos, el actual artículo 37.2 del Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, fija un criterio legal con la finalidad de evitar casos como el presente, al normar que "el lesionado debe prestar, desde la producción del daño, la colaboración necesaria para que los servicios médicos designados por cuenta del eventual responsable lo reconozcan y sigan el curso evolutivo de sus lesiones. El incumplimiento de este deber constituye causa no imputable a la entidad aseguradora a los efectos de la regla 8.ª del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, relativa al devengo de intereses moratorios".
La posición de los actores no puede acogerse, en tanto en cuanto sin facilitar dato alguno al respecto sostienen que la aseguradora que desconocía, por causa ajena a su voluntad, el concret